Alerta de Género en México: Nos queremos todas vivas

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Sólo en el Estado de México, hubo 263 mujeres asesinadas en 2016. Sólo en el Estado de México. Eso representa casi el 10% de los feminicidios (declarados como tal) que cada año se dan en todo el territorio mexicano. Y eso sólo en lo que se refiere a los asesinatos. Las cifras en casos de violencia física y sexual son escandalosas; en México dos de cada tres mujeres de más de 15 años declaran haber sufrido alguna forma de violencia de género(*), de las cuales la mitad (una de cada tres mexicanas) denuncian haber sufrido agresiones físicas o sexuales. Por si esto fuera poco, México encabeza la lista países en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Y, para terminar con este baile de cifras, no nos podemos olvidar de las más de 7000 mujeres desaparecidas o extraviadas en México en los últimos cuatro años.

Con cifras como estas, cuesta entender que no se haya declarado un estado de emergencia real y que las autoridades locales no se estén tomando en serio la Alerta de Género (declarada por primera vez en 2005) en un país en el que la violencia contra la mujer es un mal endémico enraizado en la sociedad mexicana y, sobre todo, en la educación y en las familias. “El mismo Peña Nieto, gobernador del Estado de México por aquel entonces, no consideró los 922 casos de homicidios dolosos de mujeres durante su mandato suficientemente graves como para iniciar una investigación”, recuerda Yuritzi Hernández, coordinadora del Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desparición y Feminicidios en el Estado de México (OCMexFem). El feminicidio como tal estaba tipificado pero se había hecho de manera tan subjetiva que apenas se declaraban y quedaban archivados como un homicidio doloso más. “Creíamos que no había feminicidios, que todo eso que había pasado en Juárez nos quedaba lejos”, explica. “Pero a raíz de los brutales asesinatos de dos muchachas en mi pueblo, que aparecieron violadas, descuartizadas y dejadas a la intemperie en la carretera entre Ayotzingo -mi pueblo- y Tezompa, decidí que no quería que mi hija o yo fuéramos las siguientes y empiezo a investigar”. En poco tiempo, Yuritzi documentó 22 casos de muertes violentas -de extrema violencia- de mujeres en su pueblo que las propias familias, avergonzadas, se habían encargado de encubrir, dejando al responsable libre. Existía una emergencia real que estaba siendo invisibilizada y que se hacía imprescindible sacar a la luz.

No es hasta 2014 que la presión social obliga al nuevo gobernador del Estado de México a activar la Alerta de Género en once de sus municipios. “Llevábamos ya muchos años documentando, acompañando y difundiendo y movilizando pero en este punto decidimos que hay que organizarse para ver qué se hace con esa Alerta de Género y el 28 de enero de 2016 nace el OCMexFem”, detalla la coordinadora del observatorio. La Alerta de Género es el mecanismo para que el Gobierno lleve a cabo acciones urgentes en materia de la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Políticas públicas que tienen que llevar a cabo los Ayuntamientos y cuyos informes se están falseando. “Los alcaldes lo toman como un castigo, no como una oportunidad”, denuncia Yuritzi. “Fingen hacer política pública en materia de prevención y entregan un informe de cosas que no hacen para quedarse con la financiación… Pero con lo que no contaban es con que existe gente como nosotras que ven ese informe de actividades y van a visitarles para comprobar que se llevan a cabo”. La realidad dista mucho de lo que se dice a lo que se hace y aún se están implementando unos mecanismos que, aún con la alerta declarada, cuesta hacer que se entiendan.

La Policía, que se supone que es el primer contacto de ayuda que va a tener una víctima, aún no tiene un protocolo de acción o formación específica y aún no entiende la importancia de una orden de protección a pesar de que las denuncias que reciben cada vez son más frecuentes. Además, no hay confianza en la policía municipal, que “encubre a los que avisan a los maltratadores cuando se produce un aviso de vigilancia de una orden de protección o a los que piden dinero a las mujeres para acompañarlas o protegerlas”, denuncian desde el OcMexFem. “Dentro del mismo cuerpo policial, las mujeres sufren el acoso o el mobbing de los hombres”, añaden.

La violencia hacia las mujeres es un problema que está arraigado en todos los estratos sociales. En la base, el sistema educativo aún no incluye ningún programa que dote de herramientas a los niños para no caer en conductas que fomenten la desigualdad. A nivel social, sigue siendo un tabú y un tema que se suele ocultar o justificar exculpando al agresor/culpando a la víctima; no deja de ser sintomático que reciban amenazas de muerte por querer denunciar los feminicidios. En los medios de comunicación, el amarillismo domina a nivel local y no hay perspectiva de género en lo que se publica; las fotos de mujeres descuartizadas, quemadas o tiroteadas pueden copar una portada con total normalidad y, hoy por hoy, se da más visibilidad a través de la prensa internacional. Y en lo alto de todo, en lo político, se está abordando como una herramienta para conseguir un rédito político más que para obtener resultados reales. No hay sanciones ni responsabilidades para los que no cumplen con las políticas o las pautas marcadas por la Alerta de Género.

Con un escenario como éste, la labor de OCMexFem recorre todos los ámbitos en los que es necesario establecer dinámicas que favorezcan la igualdad de género y denunciar todo aquello que la impide. Una de las labores más importantes es la del acompañamiento a mujeres durante todo la ruta de denuncia, que “NADIE”, recalca Yuritzi, “NADIE quiere hacerlo porque el acompañamiento es caro y desgastante y nadie quiere invertir tiempo, dinero y esfuerzo que pueden suponer unos litigios que duran años… ¿Y cómo le vas a cobrar a una mujer que acaban de sacar de su casa con sus tres hijos?”, se pregunta la coordinadora de OcMexFem. “Sin embargo, apenas llegamos a atender al 1% de los casos”, se lamenta. Los once trabajadores voluntarios que componen la plantilla del observatorio, el único que trabaja a nivel estatal ahora mismo, no pueden abarcar la demanda actual de ayuda que existe en el Estado de México.

México tiene aún un largo camino que recorrer y de hecho es uno de los países con mayor números de recomendaciones de Derechos Humanos en materia de mujer por parte de la ONU. “La responsabilidad de la sociedad civil es muy importante para seguir luchando y conquistando”, analiza Yuritizi. “Ahora se habla de temas que antes no se hablaban pero la violencia sigue en la calle”, concluye.

(*) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Dedicado a Yunuen Montero, co-autora de facto de este artículo, torpe sin su corrección final. Viajera eterna, gurú feminista, luchadora infatigable por los derechos de los que menos tienen y una amiga de ésas de las que nunca paras de aprender. Nos dejó ayer por sorpresa y me deja el tintero con un montón de proyectos comunes que no sé si seré capaz de sacar adelante yo solo. Se te va a echar mucho de menos.